Nueva Constitución: Nuevo Pacto Político Social.

Nueva Constitución: Nuevo Pacto Político Social.

El modelo político social vigente ha ido deteriorándose y ha llegado a un punto en el cual se hace necesario un cambio, una revitalización de las relaciones socio-políticas de los ciudadanos de este país. He aquí donde nace la necesidad de generar criticas al modelo, que si bien existen desde su nacimiento, deben ahora tomar mayor relevancia y, con esto, entregar ideas que puedan reemplazar la actual Constitución Políticay actualizar sus formas de participación ciudadana.

El movimiento mapuche no queda fuera de esta crítica y, al igual que los movimientos sociales, consideran que la Constitución es un obstáculo para el desarrollo de reformas políticas, sociales y económicas que hagan de Chile y Wallmapu sociedades más democráticas, más justas y más igualitarias, entre otros aspectos; debido a:

a) La Constitución da sustento a un régimen electoral y de partidos políticos que excluye de la toma de decisiones a todas las «minorías» (pueblos indígenas, colectividades sociales, regiones, movimientos políticos minoritarios, etcétera) a pesar de las modificaciones al sistema binominal.
b) La Constitución ha consagrado la economía de mercado con un profundo impacto ambiental y social en Wallmapu, principalmente como efecto de la imposición de un modelo económico extractivista (forestal, hidroeléctricidad, etcétera)
c) La Constitución ha creado un modelo de regiones, que no altera el centralismo y que limita las posibilidades ciudadanas y de los pueblos indígenas por incidir en la toma de decisiones.
d) La Constitución ha creado un estado subsidiario que deja en manos del mercado la implementación de derechos económicos, sociales y culturales. En el caso mapuche la factibilidad de resolver casos de reclamaciones de tierras, por ejemplo, depende del precio que estas alcancen en el mercado.
e) La Constitución ha creado un Estado que no reconoce la diversidad de pueblos que habitan el país y que los priva de los derechos que les corresponden.

Bajo estas críticas es que consideramos nuevas vías para lograr la inclusión y participación que la ciudadanía y el pueblo mapuche necesitan. Primero que todo, dejar establecido que la demanda ya no es sólo reconocimiento constitucional, pues se requiere una participación activa en la reestructuración del Estado a través de una Asamblea Constituyente, el cual es un organismo compuesto por miembros elegidos por la misma ciudadanía para dar forma a la organización política de las naciones existentes en el territorio y sancionar (crear y aprobar) su Constitución Política. Se caracteriza por no estar supeditada u obligada por las normas de la Constitución anterior. De esta manera no afecta su legitimidad ni convocatoria el hecho que en el texto que se quiere refundar o construir, no existan procedimientos para efectuarla (como es el caso de la Constitución vigente que nada dice sobre una Asamblea Constituyente, sino solo a través de los mecanismos de reforma constitucional y plebiscito). La Asamblea Constituyente es un poder de todas las naciones. Es supraconstitucional (está por sobre la Constitución) ya que en nosotros (todos los ciudadanos chilenos) reside la soberanía o poder constituyente originario que nos da el derecho inalienable (no se puede perder ni quitar), y reconocido internacionalmente por todos los países desarrollados, a “auto determinarnos” o acordar libremente las condiciones y formas de vida para cada país.

En esta asamblea el pueblo Mapuche debería estar representado de manera genérica, proporcional o territorial. Esta participación requiere una movilización previa por el reconocimiento del derecho a conformarla y, a su vez, la conformación de alianzas con otros sectores sociales chilenos y, para el caso de los autonomistas, con regiones que demandan procesos de democratización regional y descentralización, en un programa común que definirá a los actores con los cuales se puede conformar una alianza.

Dentro de este proceso, consideramos como desafío mínimo que una nueva Constitución garantice la inclusión y participación del movimiento mapuche. Para ello, primeramente se debe incorporar: la definición de Chile como Estado Plurinacional-Plurilingüistico, el derecho a la autodeterminación, un estatuto de autonomía, derechos políticos en el marco del Estado, democracia y descentralización regional que incluyan derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras consideraciones en materia de derechos de género y políticas sectoriales.

Como actores políticos y sociales activos del Wallmapu, consideramos que el nuevo pacto debería enmarcarse en una Asamblea Constituyente en la cual las demandas mapuches deberían ser abordadas desde la participación activa en la nueva Constitución. Una en la cual se garanticen los derechos de todos los ciudadanos del Wallmapu considerando su complejidad y características diferenciadoras. Es así, que con este proceso es posible abordar problemáticas locales desde los territorios, con representantes del mismo. Permitiría grados de autonomía importantes donde el derecho a la autodeterminación se consagre como legitimo a través de un estatuto de autonomía, reconociendo al pueblo mapuche como un actor relevante en el acontecer político nacional y regional. Además, permitiría el avance hacia una descentralización real en la toma de decisiones, que permita al territorio lograr un desarrollo coherente y equilibrado con sus necesidades, recursos y, aún más importante, en manos de sus habitantes. La autodeterminación, como proceso descentralizador, sólo se puede llevar a cabo a través de una Asamblea Constituyente, en donde todos los actores del Wallmapu puedan tener una participación activa y donde el pueblo mapuche pueda dar respuesta legitima a sus demandas.

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